Reto módulo 4: ¿Qué puedo hacer yo?

Independientemente de la gran responsabilidad que tienen las esferas de poder, tanto legislativo como ejecutivo, en el camino hacia una sociedad más igualitaria e integradora, creo que cada aportación individual puede ser igual de importante. Como ciudadanos de una sociedad diversa somos la herramienta del cambio, ya que de nada sirve una ley que nos obligue a adoptar determinadas conductas o nos prohíba otras si no se lleva a cabo una interiorización de los valores que predica y que son los que verdaderamente van a conseguir transformar la realidad. Pero sin duda, los empleados públicos jugamos un papel mucho más relevante, si cabe, ya que somos los garantes de la legalidad, conocedores por razón de nuestro cargo de ella y debemos ser el puente que acerque la normativa al ciudadano de a pie, del que somos servidores. Y no sólo a nivel teórico, si no también siendo ejemplo de conducta como aparece recogido en el art.53.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (RD 5/2015 de 30 de octubre) cuyo tenor literal dice, dentro de los principios éticos que deben regir al funcionario que  "su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

En mi caso particular trabajo en un Centro de Inserción Social en el que las personas condenadas a penas de prisión cumplen en régimen de semilibertad el último periodo de internamiento, también llamado 3º grado penitenciario y se van integrando de nuevo en la sociedad a la que pertenecen, valiéndose de los recursos comunitarios externos, buscando trabajo con normalidad, acudiendo a centros de formación reglada o realizando otro tipo de tareas que faciliten su plena inserción cuando alcancen la libertad definitiva. Es difícil establecer el perfil de interno con el que trabajamos, porque no existe un "tipo" medio, aunque si pudiera destacar una característica común a todos ellos sería precisamente su exclusión y discriminación social: el hecho de haber cometido un delito y estar cumpliendo por ello los etiqueta como "delincuentes" lo que dificulta su acceso en igualdad de condiciones a la vida cotidiana, lo que les lleva a ocultar su condición a la hora de buscar trabajo, conocer gente en actividades, relacionarse académicamente e incluso escolarizar a sus hijos. 

Sin embargo, pese a no poder establecer muchos más rasgos comunes, prácticamente todos los internos (e incluso en mayor medida, las internas, doblemente penalizadas) tienen otros factores de discriminación: existe un grupo numeroso de inmigrantes, muchos de ellos con conocimientos muy escasos de nuestro idioma, con lo que ello conlleva, además de la diferente realidad cultural que tienen que conocer y a la que adaptarse. Otro grupo destacado pertenece a la etnia gitana,  la mayoría con un nivel educativo muy bajo (especialmente las mujeres, muchas analfabetas) y unas costumbres muy diferentes de los payos que los lleva a padecer el choque entre la integración que se promueve desde la Administración y la realidad de discriminación que se encuentran en la sociedad. Trabajamos también con gente con enfermedades mentales, adicciones y ex toxicómanos, algunos con patoogías como VIH, hepatitis, etc. y un aspecto físico característico, que también produce rechazo social. Podría citar muchos otros ejemplos, si bien la conclusión es que la población reclusa por sus características intrínsecas presenta un variado elenco de factores de discriminación, lo que se traduce en mayores dificultades a la hora de intervenir con ellos.

Podría decir que, personalmente, la participación en este curso me ha abierto los ojos a la realidad de que no basta con tratar de manera igualitaria a todos los colectivos, pues eso sólo perpetúa la discriminación de los diferentes. Los limitados recursos del medio penitenciario, el gran número de administrados  y la escasa formación del personal en materias especificas dificulta la intervención especializada poniendo el foco en las necesidades individuales. Es cierto que éstas están reconocidas por ley y que en teoría se cuenta con mecanismos de aplicación pero, en mi opinión, más que grandes medidas, la simple sensibilización de los funcionarios para que conozcan las dificultades concretas que se presentan en el día a día de determinados internos "diferentes" podría facilitar mucho su integración y su vida en prisión.